Integridad en cifras: Perspectivas a la luz de los resultados del ICP 2024

El Modelo de Integridad es un conjunto de directrices diseñadas para fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades públicas contra la corrupción y prácticas no éticas. Respaldado por el Decreto Supremo N.° 148-2024-PCM, este modelo define principios, componentes y criterios para su implementación y evaluación en el sector público. Se compone de nueve elementos fundamentales, basados en conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional (2).

Es la herramienta que permite medir el nivel de adecuación al estándar de integridad por parte de las entidades públicas (3). Considerando 5 etapas de desarrollo, el ICP evalúa la implementación de los componentes y subcomponentes del Modelo de Integridad, en una escala de 0 a 1, donde:

0 es la ausencia de mecanismos estandarizados de prevención de la corrupción.

1 es un nivel óptimo de implementación.

A modo de presentar mejor esta dinámica, se ha considerado el siguiente gráfico, que describe cada una de las etapas del modelo, iniciando con la etapa 1 que incluye aspectos esencialmente internos de las entidades, que se proyectan en las siguientes etapas, hacia la articulación de la entidad con otros actores y la ciudanía. Esto además nos permite introducir una nueva idea de análisis que la SIP podría aprovechar, vinculada a determinar el nivel de madurez del modelo de integridad, como un análisis entre niveles para describir la evolución del Modelo de Integridad.

Es el ente rector de la Política Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupción en el Estado peruano; así también, lidera la estrategia que sienta las bases para el diseño, implementación y evaluación del Modelo de Integridad a nivel nacional (4). De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (5), la SIP cuenta con 12 funciones, de las cuales son 8 se vinculan con el desarrollo, conducción y supervisión del modelo.

A juicio de esta publicación, hemos relacionado cada una de las funciones en un ciclo de intervención que la SIP puede considerar a efectos de fortalecer su intervención como ente rector, entender como estas funciones se relacionan y se retroalimentan resulta clave para asegurar la coherencia de las intervenciones y con ello reducir la incertidumbre a nivel de las entidades públicas. A continuación, se describe este ciclo:

En el diseño de la estrategia:

• Proponer y conducir programas, proyectos, mecanismos, instrumentos y/o herramientas destinadas a promover las materias de ética pública, integridad y anticorrupción, según corresponda(Art. 12.1, lit. a).
• Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos, metodologías y demás herramientas, en materias de su competencia; así como supervisar su cumplimiento (Art. 12.1, lit. b).
• Emitir opinión técnica, cuando corresponda, en las materias de su competencia, conforme a la normativa vigente (Art. 12.1, lit. k).

En la implementación de la estrategia:

• Dirigir y supervisar las acciones orientadas a promover una cultura de integridad pública sobre la base de la ética (Art. 12.1, lit. f).
• Dirigir y articular las medidas de prevención y gestión de los riesgos asociados a corrupción, en el marco de su competencia (Art. 12.1, lit. j).
• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones, obligaciones y acciones que promuevan la ética, la integridad y anticorrupción en las entidades de la administración pública (Art. 12.1, lit. h).

En la evaluación

• Consolidar y generar información cuantitativa y cualitativa en las materias de su competencia, que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas (Art. 12.1, lit. g).
• Formular recomendaciones a las entidades de la administración pública, en materias de su competencia (Art. 12.1, lit. d).

Esta perspectiva permite entender adecuadamente la forma en que la SIP estructura su trabajo estratégico y operativo en la implementación del Modelo.

De los 25 gobiernos regionales evaluados, únicamente el Gobierno Regional de Ayacucho y el Gobierno Regional de San Martín lograron superar la Etapa 1 del Modelo de Integridad. Esto indica que la mayoría de las regiones aún enfrentan dificultades para fortalecer sus mecanismos de integridad y avanzar en su implementación.

En cuanto al desempeño por componentes, se registran mayores avances en el Canal de denuncias y en la Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad. Estos resultados reflejan un esfuerzo por mejorar los mecanismos de reporte y seguimiento en materia de integridad. Sin embargo, los componentes con menor avance corresponden al Compromiso de Alta Dirección y a la Gestión de Riesgos.

La baja puntuación en esos aspectos sugiere la necesidad de reforzar el liderazgo y la responsabilidad de las autoridades en la promoción de la integridad, así como mejorar la identificación y gestión de riesgos que puedan afectar el desempeño institucional en este ámbito.

En cuanto a la Etapa 2, solo la Contraloría General de la República y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lograron avanzar a este nivel, lo que los posiciona como referentes en la aplicación de herramientas de integridad. El análisis de los componentes del modelo muestra que las áreas con mayor avance incluyen Comunicación y Capacitación, Canal de Denuncias, Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad y la figura del Encargado del Modelo de Integridad.

Sin embargo, aún persisten desafíos en algunos aspectos clave. Los componentes con menor avance corresponden a la Gestión de Riesgos, la Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas y los Controles y Auditoría. Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer la gestión institucional de riesgos y mejorar los mecanismos de transparencia y control, con el fin de consolidar un modelo de integridad más sólido y efectivo en los Organismos Constitucionalmente Autónomos.

Para lograr una implementación efectiva del Modelo de Integridad, es fundamental establecer criterios de evaluación precisos en cada una de sus cinco etapas. Actualmente, muchas entidades aplican el modelo sin una comprensión clara de sus objetivos finales, lo que dificulta la medición del progreso y la obtención de resultados concretos. Esta falta de claridad genera un desconocimiento generalizado sobre el propósito central de su implementación.

Las primeras tres etapas (1, 2 y 3) están estrechamente vinculadas a los objetivos institucionales de cada entidad, mientras que las etapas 4 y 5 se enfocan en la prestación de servicios y en su impacto en la satisfacción de las expectativas y necesidades de la población.

Para garantizar una integridad sostenible, el desarrollo del Modelo de Integridad debe basarse en una visión de mediano y largo plazo, estableciendo con claridad los objetivos que se buscan alcanzar con su implementación óptima. Para ello, la Secretaría de Integridad Pública (SIP) debe definir objetivos concretos en materia de integridad a nivel nacional y diseñar proyectos y estrategias orientadas a su cumplimiento.

Es imprescindible que la SIP garantice un orden sistemático y coherente en la normativa relacionada con la integridad. La claridad en la vigencia de las disposiciones y su concordancia con otras regulaciones, incluidas las opiniones técnicas, es esencial para evitar contradicciones y asegurar una aplicación uniforme en todas las entidades.

Esto permitirá que los servidores públicos responsables de la implementación del modelo cuenten con directrices precisas, accesibles y alineadas entre sí, lo que facilitará su aplicación efectiva y evitará confusiones que podrían afectar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Además, la digitalización y centralización de la normativa en plataformas de acceso público pueden contribuir a una mayor transparencia y facilitar la consulta por parte de las entidades y la ciudadanía, promoviendo una cultura de cumplimiento normativo y fortaleciendo la confianza en la Administración Pública.

La conducción de la implementación del Modelo de Integridad no debe limitarse únicamente a la regulación normativa. Para garantizar su efectividad y sostenibilidad, es necesario adoptar un enfoque integral que considere tanto la definición de objetivos claros como la implementación de estrategias de acompañamiento a las entidades.

En primer lugar, se requiere establecer objetivos bien definidos que se alineen con la realidad y las necesidades específicas de cada entidad. Esto permitirá orientar la implementación del modelo de manera más efectiva y adaptada a los distintos contextos institucionales, asegurando que su adopción no se convierta en un mero cumplimiento formal, sino en una verdadera transformación de la cultura organizacional.

Asimismo, es fundamental desarrollar estrategias de acompañamiento dirigidas a las entidades, considerando sus particularidades y estableciendo metas de gestión concretas. Estas estrategias deben facilitar el proceso de implementación y proporcionar el apoyo necesario para superar los desafíos específicos que enfrenta cada institución.

Finalmente, es crucial construir indicadores que permitan medir la efectividad de las estrategias desplegadas por la SIP. Un ejemplo de ello es la evaluación del nivel de madurez en la implementación del modelo, lo que permitiría identificar avances, detectar áreas de mejora y ajustar las acciones según los resultados obtenidos.

La Secretaría de Integridad Pública (SIP) debe adaptar su asesoramiento en función de los distintos grupos de entidades públicas, organizándolas de acuerdo con sus resultados en la implementación del Modelo de Integridad. Una estrategia segmentada permitirá maximizar el impacto de las intervenciones y optimizar los recursos disponibles.

En primer lugar, se deben identificar aquellas entidades con un puntaje óptimo en la aplicación del Modelo, ya que pueden desempeñar un papel clave en la difusión de buenas prácticas e iniciativas exitosas. Su experiencia puede ser aprovechada para generar espacios de aprendizaje e intercambio que beneficien a otras entidades en proceso de mejora.

Asimismo, es fundamental hacer un seguimiento a las entidades que están próximas a alcanzar un puntaje óptimo, con el fin de brindarles orientación estratégica que les permita consolidar sus avances. Por otro lado, aquellas entidades con resultados bajos y una implementación deficiente requieren asistencia técnica prioritaria. Es necesario fortalecer su capacidad preventiva mediante estrategias específicas que aborden sus principales dificultades y las guíen en la correcta aplicación del modelo.

Se recomienda que la SIP dirija sus esfuerzos hacia aquellas entidades con una implementación incipiente del Índice de Capacidad Preventiva (ICP), con especial énfasis en gobiernos regionales y locales. Estos niveles de gobierno presentan una mayor exposición a riesgos de corrupción debido a factores como la limitada supervisión, la falta de recursos y las vulnerabilidades en los procesos administrativos.

Además, el desempeño de los gobiernos regionales y locales tiene un impacto directo en la vida diaria de la ciudadanía, ya que son responsables de la implementación de políticas públicas que afectan áreas clave como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. Por lo tanto, fortalecer la capacidad de prevención en estos niveles de gobierno no solo representa una acción preventiva frente a la corrupción, sino también una estrategia para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. En resumen, priorizar las entidades a nivel subnacional es una medida estratégica que no solo fortalecerá la gestión pública, sino que también favorece la consolidación de un sistema político más ético y transparente.

Los resultados evidencian que las entidades enfrentan dificultades diferenciadas dependiendo de la etapa en la que se encuentren, con algunos componentes que presentan un menor desempeño en cada nivel. Estas brechas en el avance reflejan áreas críticas que requieren una atención especial para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestión pública.

En la Etapa 1 (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, OCAs, Gobiernos Regionales y Locales), los principales desafíos se presentan en la Gestión de Riesgos; Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas; Encargado del Modelo de Integridad; Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad y Políticas de Integridad.

En la Etapa 2 (Poder Ejecutivo, OCAs y Gobiernos Regionales), los componentes con menor avance son nuevamente Gestión de Riesgos; Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas y Compromiso de Alta Dirección. Finalmente, en la Etapa 3 (Poder Ejecutivo), los aspectos con menor desempeño incluyen la Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas, Políticas de Integridad, Controles y Auditoría y Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad.

En conclusión, los componentes con menor desempeño en cada etapa del Modelo de Integridad requieren una atención prioritaria y coordinada para mejorar la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un servicio íntegro.

Dada la variabilidad en los niveles de implementación de la función de integridad, así como las diferencias en los recursos económicos y las capacidades entre las distintas entidades, resulta crucial fortalecer el trabajo de las redes de integridad.

La promoción de la colaboración interinstitucional y la descentralización de responsabilidades permitirá maximizar el impacto del Modelo en la gestión pública. Al integrar esfuerzos y recursos de diversas entidades, se podrá generar una implementación más coordinada y efectiva que aborde de manera integral los riesgos y las brechas en la prevención de la corrupción. Las redes de integridad no solo fomentan un espacio de cooperación y aprendizaje mutuo, sino que también contribuyen a una mejor distribución de las responsabilidades, adaptándolas a las particularidades de cada nivel y tipo de entidad.

Además, estas redes pueden facilitar el intercambio de conocimientos, fomentar la asistencia técnica entre instituciones y garantizar una implementación más efectiva y sostenible del Modelo de Integridad. En este sentido, fortalecer estas redes se convierte en una estrategia fundamental para garantizar que el Modelo de Integridad no sea solo una normativa abstracta, sino un sistema operante que impulse mejoras tangibles en la gestión pública. La creación de vínculos sólidos entre las entidades también contribuye a una cultura de integridad más amplia, donde el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas se convierte en una prioridad compartida, trascendiendo las barreras organizativas y geográficas.